DERECHOS HUMANOS: CIDH anuncia abusos y pide derogar estado excepción El Salvador
AFP: Washington, Estados
Unidos. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
denunció este miércoles los "abusos en el uso de la fuerza"
durante el estado de excepción en El Salvador y pidió al gobierno del
presidente Nayib Bukele que lo derogue porque "no puede convertirse en
parte de su política de seguridad" permanente.
Al menos "73,000
personas fueron detenidas desde el 27 de marzo de 2022 al inicio de noviembre
de 2023, de las cuales a la gran mayoría se le impuso prisión preventiva",
afirma la CIDH al publicar un informe sobre el país latinoamericano.
"La Comisión
conoció denuncias de violaciones a los derechos humanos que incluyen:
detenciones ilegales y arbitrarias sistemáticas y generalizadas; el
allanamiento ilegal de moradas; abusos en el uso de la fuerza y violaciones a
los derechos de niñas, niños y adolescentes",
añade.
Este organismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) cita
algunos atropellos como "la demora en el control judicial de las
detenciones", los "abusos en la imposición de la prisión
preventiva", las "audiencias judiciales masivas" y
las limitaciones al derecho de defensa, entre otros.
Muertes posibles
Además afirma disponer de información "que apunta a la posible
muerte de 189 a 200 personas privadas de libertad".
En el poder desde 2019, Bukele libra una "guerra" contra las
pandillas bajo un régimen de excepción vigente desde 2022 y que suma decenas de
miles de presuntos pandilleros detenidos.
El régimen de excepción
fue decretado por el Congreso a petición de Bukele como respuesta a una
escalada de violencia que cobró la vida de 87 personas entre el 25 y 27 de
marzo de 2022.
La CIDH afirma que los
datos publicados por el Estado sobre una "mejora en la seguridad
ciudadana en el país (...) demostrarían que la situación de emergencia fue
superada y que, por lo tanto, no existe una situación que justifique mantener
vigente la suspensión de derechos y garantías".
Por eso el informe llama
a El Salvador a "restablecer los derechos" y "adoptar
medidas para abordar las causas y consecuencias de la criminalidad" desde
"una perspectiva integral".
"Este mecanismo excepcional no puede convertirse en parte de su política de seguridad ciudadana permanente", concluye la CIDH.
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