Fiscalías Barriales: Donde ciudadanos ahora dirimen la mayoría de sus conflictos
SANTO DOMINGO, RD. - El
próximo sábado 19 de octubre se cumplen 20 años de la instalación de la primera
fiscalía barrial del Distrito Nacional, en el sector Gualey. Desde entonces ya
suman 17 que se han convertido en lugares donde los ciudadanos exponen
denuncias que van desde amenazas de muerte hasta casos de violencia de género.
La
creación de las fiscalías barriales en la jurisdicción del Distrito Nacional
bajo la dirección del ex fiscal del Distrito Nacional y ex juez del Tribunal
Superior Electoral (TSE), José Manuel Hernández Peguero, contribuyó a la
integración de la ciudadanía en la solución de sus conflictos, evitando que
numerosos casos llegarán a los tribunales y que disputas menores saturaran el
sistema judicial.
Personas que han
denunciado agresión, robo, violencia de menores, amenazas, trabajo realizado y
no pagado y fullería, han llevado sus casos a la fiscalía barrial
correspondiente para encontrar una solución a sus conflictos.
Ya los ciudadanos que se
vean afectados por un problema que amerita la intervención del fiscal no tienen
que trasladarse hacia el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, porque las
fiscalías barriales acogen sus inquietudes.
“Concebí las
fiscalías barriales dado el nuevo rol que tenía que desempeñar el fiscal con la
entrada en vigencia del Código Procesal Penal, partiendo de que era imposible
hacerlo desde los destacamentos de la Policía Nacional”,
apuntó Hernández Peguero.
Dijo que visualizó el
fiscal como el funcionario más apropiado para liderar en los barrios las
acciones tendentes a garantizar los derechos de sus pobladores, a quienes
integraría en tareas comunes para lograr la convivencia y seguridad ciudadana,
colocándolo en edificaciones separadas de los policías, confortables y
adecuadas que integrará además a un psicólogo y médico forense.
Sin embargo, a 20 años de
la instalación de la primera de las 14 fiscalías barriales en la ciudad
capital, el 19 de octubre de 2004 en el barrio Gualey, Hernández Peguero
criticó que este proyecto no se le ha dado continuidad en otras provincias que
por su densidad habitacional y conflictividad, requieren de la presencia de un
fiscal para la solución de los problemas habituales de las poblaciones
populosas.
De su lado, la fiscal del
Distrito Nacional, Rosalba Ramos Castillo, resalta la importancia de ofrecer a
los ciudadanos un trato adecuado, en lugares seguros y con el confort que
ameritan para realizar una labor eficiente, además de contar con las condiciones
de confidencialidad en las declaraciones ofrecidas a los representantes del
ministerio público.
A su entender, es de
interés que el personal de las fiscalías barriales esté debidamente capacitado
y sensibilizado para que ofrezca un trato integral que permita a los usuarios
encontrar la solución de sus conflictos en un corto tiempo.
"Los fiscales
comunitarios son nuestro lazo más directo y humano con la sociedad, nuestro
orgullo", consideró Ramos Castillo, quien fue
ratificada en el cargo por el Consejo Superior del Ministerio Público, que
preside la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito.
Antecedentes
En el año 1987, fue
adoptada la decisión de asignar fiscales en los destacamentos de la Policía
Nacional que operaban en los barrios de la capital, básicamente con el objetivo
de garantizar a los ciudadanos y ciudadanos el respeto de sus derechos y un trato
digno. Pero también para evitar que los policías desistieran de los casos que
ameritan el apoderamiento de los tribunales.
No obstante, la
ciudadanía continuó percibiendo los maltratos y violaciones a sus derechos
fundamentales, agravado por el descrédito de los agentes policiales ante la
sociedad que daba por consecuencia que la imagen de los fiscales fuese
empeñada, al extremo de que a ambos funcionarios se les asociaba en la comisión
de actos deshonestos.
La entrada en vigor de la
ley del ministerio público y el Código Procesal Penal delinearon y
especificaron las funciones asignadas a los actores fundamentales del sistema,
principalmente el de los fiscales, a quienes les encomendaron, además de
perseguir y lograr la sanción de los responsables de actos penales ilícitos,
brindar atención integral a las víctimas de los delitos para lograr minimizar
los daños y obtener su reinserción a la familia y sociedad, y procurar la
solución de los conflictos a través de los medios alternativos previstos.
Empero, hay falta de
liderazgo y dirección de los fiscales hacia los agentes policiales, pues estos
consideraban a los representantes del ministerio público como intrusos en sus
centros de trabajo, desvirtuando las causas que dieron lugar a sus asignaciones
en los destacamentos.
Lo antes narrado obligaba
a las autoridades del ministerio público en la ciudad capital a adoptar
soluciones inmediatas a esta problemática. La primera consistiría en invertir
recursos para adecuar la estructura física de los destacamentos policiales y, la
segunda, crear nuevas instalaciones en donde el fiscal labore, pautando su
accionar además en prestar atención integral a las víctimas a través de un
personal profesional distinto que le auxilie.
Conociendo las
experiencias de otros países, como las Casas de Justicia de Colombia, y
comprendiendo el nuevo rol del ministerio público, las autoridades de entonces
decidieron establecer a los fiscales en lugares distintos a los destacamentos
policiales, solucionando así de inmediato los problemas planteados.
De inmediato las
autoridades comenzaron a crear espacios físicos apropiados para recibir
dignamente a las víctimas de los delitos y ciudadanos en conflictos, creando un
ambiente de trabajo que facilitaba la solución de los casos a través de las
opciones alternativas previstas en la normativa procesal penal.
El objetivo era evitar
que los ciudadanos confundieran las atribuciones de los fiscales y policías,
todo con el fin de devolver la confianza a la ciudadanía.
Ubicación
Los residentes de los
sectores Gualey, Los Guandules-La Ciénaga, Cristo Rey-Ensanche La Fe, Villas
Agrícolas, Capotillo, María Auxiliadora, Ensanche Quisqueya, Ciudad Colonial,
Villa Consuelo, Carretera Sánchez, Villa Juana, Los Ríos y Los Girasoles, entre
otros, donde están ubicadas las fiscalías barriales, participan junto a los
representantes del ministerio público y los voluntariados en la solución de los
conflictos menores que se presentan.
El delito más denunciado
en las fiscalías barriales es la violencia contra la mujer, seguido de la
amenaza y el robo simple
Voluntariados
En las fiscalías
barriales también funcionan los voluntarios de apoyo, integrados por dirigentes
comunitarios, representantes de las iglesias católicas y evangélicas, clubes
deportivos, juntas de vecinos y asociaciones de amas de casa.
Ese aporte se fundamenta
en lo que establece el Código Procesal Penal, que promueve la participación de
la ciudadanía en la administración de justicia. Los voluntarios se consideran
los testigos de excepción del verdadero sentido y alcance de las fiscalías
barriales.
Por: Ramón Cruz Benzan.
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