JUSTICIA: Delatores de casos de corrupción: los grandes colaboradores del Ministerio Público
SANTO
DOMINGO, RD. - En los últimos años el Ministerio Público ha perseguido grandes
casos de corrupción a través de la Procuraduría Especializada contra la
Corrupción Administrativa (Pepca), valiéndose en algunos de estos de la
colaboración de imputados dispuestos a fungir como delatores, para ser sacados
del expediente o recibir sanciones menos
gravosas como es prisión domiciliaria o garantía económica.
Con
las declaraciones de estas personas, el
Ministerio Público logra robustecer sus expedientes y estos reciben
desde suspensión de las penas, un procedimiento abreviado y un régimen especial
de cumplimiento de la condena.
En
más de una ocasión el titular de la Pepca, Wilson Camacho, ha manifestado su creencia en la colaboración de imputados en
este tipo de casos.
“Todas las personas que están dispuestas a colaborar tienen las puertas abiertas del MP sin excepción”
OPERACIÓN CALAMAR
Uno de los últimos casos de corrupción desarticulado por el Ministerio Público fue "Operación Calamar", en el que sus principales implicados son los exministros de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta y, de Hacienda, Donald Guerrero.
La Pepca logró construir más de 2,000 páginas del expediente de solicitud de medida de coerción, gracias a los testimonios de delatores como Francisco Pagán Rodríguez, Bolívar Ventura y Ramón Emilio Jiménez Colllie (Mimilo).
Francisco
Pagán, quien solo figuró en ese entramado como testigo, de acuerdo al MP,
coordinó reuniones en su oficina de la Oficina de Ingenieros Supervisores de
Obras del Estado (OISOE), mientras era el titular de esa entidad y entregó dinero en efectivo al implicado, Gonzalo
Castillo, quien era en ese entonces candidato presidencial por el Partido
de la Liberación Dominicana (PLD).
Por
otro lado, el empresario Ramón Emilio Jiménez (Mimilo) admitió haber recibido
de dicho entramado al menos 700 millones
de pesos del Estado dominicano, por realizar entregas del dinero, obtenido
de manera fraudulenta a Gonzalo Castillo.
Mientras que, a través de cuatro
empresas de Bolívar Ventura, el grupo “distrajo fondos del patrimonio
público a los fines de financiar la campaña política de Castillo”.
Gracias
a las colaboraciones de los tres delatores, el
órgano acusador realizó sus acusaciones en contra de los encartados, y
ninguno de las tres figuras en el expediente como implicado, sino como
testigos.
En el caso en el que además de
los exministros figuran unas 17 personas, la mayoría recibió prisión
domiciliaria, presentación periódica, impedimento de salida del país, sanción
económica y devolver el dinero sustraído, como medida de coerción, y solo
José Ramón Peralta y Donald Guerrero fueron enviados a prisión preventiva a la
CCR Najayo-Hombres.
OPERACIÓN
13
En la Operación 13 relacionada a
la Lotería Nacional y cuyo nombre está vinculado al bolo utilizado en el fraude
del sorteo de quinielas efectuado el 1 de mayo de 2021, que causó
pérdidas estimadas en RD$500 millones de pesos a dueños de bancas de lotería,
el Ministerio Público realizó acuerdos con seis de los 10 imputados.
El MP favoreció a los
implicados, por haber admitido su participación y mostrarse dispuestos a
colaborar en el proceso de investigación que llevó a cabo la institución, con
la suspensión de la pena impuesta.
Los beneficiados con la medida son
Felipe Santiago Toribio, Carlos Manuel Berigüete Pérez, Jonathan Augusto Brea
Ovalle, Valentina Rosario Cruz, Miguel Arsenio Mejía Rodríguez y Rafael Mesa.
En
el caso de Valentina Rosario, Jonathan Brea, Carlos Beriguete y Felipe Santiago
Toribio, quienes admitieron los hechos, fueron condenados
a cinco años de reclusión cada uno, tres en los CCR Najayo Mujeres y Najayo
Hombres y dos suspendidos.
Mientras que Miguel Mejía y
Rafael Mesa fueron sentenciados a cinco años en la modalidad de pena suspendida
total, es decir en libertad.
En el caso particular de estos y
quienes son beneficiados con la “pena suspendida”, deben residir en
el domicilio acordado con el tribunal y en caso de cambio realizar una
notificación previa, abstenerse de ingerir en exceso bebidas alcohólicas, de
viajar al extranjero sin autorización judicial previa, aprender un oficio o
profesión que les permita vivir dignamente en la sociedad, esto en coordinación
con el juez de Ejecución de la Pena.
Además, deben realizar trabajos
comunitarios y en caso de que esta y otras de las condicionales
impuestas sean incumplidas, deberán guardar prisión en la
totalidad de la pena.
OPERACIÓN
CORAL Y CORAL 5G
El entramado de corrupción que
vincula a ex oficiales del cuerpo castrense dominicano y cuyo principal
encartado en Operación Coral es el ex jefe del cuerpo de seguridad del
expresidente Danilo Medina, Adán Benoni Cáceres Silvestre, y en la segunda
operación, Coral 5G, el exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad
Turística (Cestur), Juan Carlos Torres Robiou, acusados junto a un grupo de
exoficiales de sustraer al menos RD$ 4,500 millones de pesos en propiedades y
productos financieros.
Girón se convirtió en símbolo de
referencia de los delatores, por su
alta colaboración con el MP, y que por demás “cantó” públicamente cómo operaba
la red. Por sus declaraciones, Girón recibió como medida de coerción prisión
domiciliaria en una residencia de la cual a la fecha se desconoce su ubicación,
por motivos de seguridad.
OPERACIÓN
MEDUSA
“Medusa” es el nombre con el que
el MP dio a conocer el caso anticorrupción seguido en contra de 40
personas físicas y 22 de personería jurídica, en la que se
entrevistaron a al menos unas 400 personas y en el que su principal implicado
es el exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez.
Aun con la variación de la medida, la mujer mantuvo su actitud cooperadora con el MP.
Otros de los delatores relacionados en este caso son Rafael Stefano Canó Sacco, exjefe de Gabinete de la Procuraduría, a quien no se le conoció medida igual que a los demás implicados, ya que salió del país hacia España y fue declarado prófugo y solicitado en extradición. No obstante, aún no se ha registrado su entrada en suelo dominicano.
Antón Casanova, otro de los colaboradores del MP en Operación Medusa, cantó los sobornos argumentando sus palabras con evidencias las cuales entregó en el proceso de investigación. Casanova por sus declaraciones con respecto al fraude señalado por la Procuraduría en la construcción de la cárcel Las Parras, no figuró como imputado en el expediente, sino como testigo.
CASO ANTIPULPO
El primer caso al que la Procuraduría persiguió y desmanteló a finales de 2020 es el que relaciona como cabecilla al hermano del exmandatario Danilo Medina, Alexis Medina, señalado por encabezar el entramado de al menos 27 personas físicas y 21 compañías, acusados de corrupción y lavado de activos.
En este caso Julio Esteban Suriel, Lewin Ariel Castillo, Francisco Pagán y Domingo Antonio Santiago, acordaron en febrero de este año con el MP obtener sanciones menos severas que el restante de los implicados, enviados a juicio de fondo, a cambio de sus declaraciones.
En el caso de Suriel, quien se declaró culpable de portar armas de guerra en su residencia y ser socio de varias empresas de Alexis Medina, fue condenado a cinco años de prisión, tres de ellos suspendidos.
Lewin Ariel Castillo, quien admitió su culpabilidad de recibir cheques de manera ilícita y logró acuerdos con el órgano acusador, obtuvo una sentencia de prisión suspendida durante un periodo de tres años, es decir, en libertad.
Domingo Antonio Santiago, testaferro de Alexis Medina, por su parte recibió una pena de “acta de criterio de oportunidad”.
El acta de Criterio es un recurso contemplado en la sección II de criterios de oportunidad, artículo 34 del Código Procesal Penal Dominicano, en el que entre otras cosas establece que el Ministerio Público puede acudir a este recurso cuando se trate de un hecho que no afecte significativamente el bien jurídico, el imputado haya sufrido como consecuencia directa del hecho un daño físico o psíquico grave y cuando la pena que corresponde por el hecho de cuya persecución jurídica se prescinde carece de importancia den consideración de una pena.
Francisco Pagan, exdirector de la OISOE y uno de los principales testigos en Operación Calamar e imputado en operación Antipulpo, recibió por este caso una pena de cinco años de prisión, dos de ellos suspendidos.
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