ARGENTINA: Sectores denuncian el protocolo de seguridad de Javier Milei
AP: Buenos Aires. Centrales
sindicales, movimientos sociales y organismos de derechos humanos de Argentina
denunciaron ayer martes ante Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) el nuevo protocolo de seguridad contra las protestas
callejeras diseñado por el gobierno del ultraderechista Javier Milei.
El denominado “Protocolo
para el mantenimiento del orden público ante cortes de vías de circulación”,
presentado por el ministerio de Seguridad dos días después de anunciarse un
plan de fuertes ajustes económicos, habilita a las fuerzas federales para
desalojar o dispersar manifestantes que impidan el tránsito de personas o
medios de transporte, en forma parcial o total, en rutas nacionales y otras
vías de circulación bajo jurisdicción federal.
En su punto más
controvertido, establece que los agentes podrán intervenir sin que medie orden
judicial “toda vez que se trata de un delito flagrante reprimido por el
artículo 194 del Código Penal”.
La Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central
sindical del país, las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, diversas
organizaciones políticas y sociales, entre los 1,700 firmantes, impulsaron una
acción conjunta ante Naciones Unidas y CIDH para que intercedan ante el Estado
argentino y deje sin efecto el protocolo.
“La mayoría de las disposiciones del Ministerio de Seguridad fijan
pautas de actuación policial y estatal que son incompatibles con los derechos a
la libre reunión y asociación, a la libertad de expresión y a la protesta
social, reconocidos tanto en normas locales, como en la Constitución Nacional y
en los tratados y estándares internacionales de derechos humanos”, según un comunicado emitido el martes por los
denunciantes.
PROTESTA PÚBLICA
En una carta enviada a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos (OACNUDH) y al Relator Especial sobre el derecho a la libertad de
reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule, y otra dirigida a
la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, les solicitaron que “manifiesten
públicamente y ante el Estado argentino la preocupación por este protocolo, el
cual también afecta los derechos a la vida, integridad personal y seguridad de
quienes ejerzan el derecho a la protesta”.
El nuevo plan de
seguridad contra las protestas callejeras se dio a conocer la misma semana en
la que el gobierno de Milei anunció un plan de ajuste ortodoxo para bajar el
déficit fiscal que, entre otros puntos, incluye la devaluación del peso
argentino más del 50%, el despido de empleados públicos, la reducción de
subsidios al transporte y la energía y la suspensión de la obra pública, que
tendrán un fuerte impacto social.
Como complemento al
protocolo para las protestas, el gobierno advirtió que se retirará la ayuda
social a quienes interrumpan vías de circulación durante las manifestaciones.
La ministra de Seguridad,
Patricia Bullrich, aclaró que el derecho a manifestarse está garantizado
siempre y cuando no implique el corte de calles.
En los últimos años, en coincidencia con el deterioro de indicadores
sociales por una galopante inflación, las protestas fueron moneda corriente,
sobre todo, en el centro Buenos Aires. Más allá de la convocatoria, el método
predilecto es el corte de calles que generan caos vehicular y el enojo de los
capitalinos.
PROHIBICIÓN DE LOS PIQUETES
Un 65% de argentinos está de acuerdo con prohibir los piquetes, según
una encuesta del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Universidad
de Buenos Aires realizada el 11 y 12 de diciembre, que abarca más de 4,200
personas encuestadas y tiene un margen de error de 1.5%.
El control de la calle se pondrá a prueba este miércoles cuando organizaciones de desocupados se movilicen desde el Congreso a la histórica Plaza de Mayo contra el plan de ajuste de Milei y en coincidencia con un nuevo aniversario del estallido social de 2001 que dejó decenas de muertos por la represión policial.
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