Bukele va por la reelección en El Salvador con el "éxito" de su guerra contra las pandillas
AP: San Salvador. - Pese
a las acusaciones de que su candidatura viola la Constitución y que busca
perpetuar su proyecto autoritario, el presidente salvadoreño Nayib Bukele se encamina a obtener la reelección en febrero en medio
de una alta popularidad y sin oponentes de peso.
Con su cabello
prolijamente engomado, su ropa casual y la gorra puesta hacia atrás Bukele, de 42 años, ha sabido promocionar su
imagen en las redes sociales destacando el "éxito" de su guerra
contra las pandillas en medio de denuncias de abuso de poder por parte de las
fuerzas del Estado.
A pesar de que la Constitución prohíbe la reelección presidencial, una resolución de
2021 de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema habilitó a Bukele a
volver a presentarse, lo que fue refrendado por el Tribunal Supremo Electoral.
Según aquel fallo Bukele debía
pedir una licencia de seis meses antes de finalizar su periodo para poder
participar en la contienda.
Bukele obtuvo el permiso
del Congreso para dejar temporalmente el cargo y dedicarse a la
campaña al igual que el vicepresidente Félix Ulloa, quien otra vez es su compañero de fórmula.
La presidencia fue
ocupada por Claudia Juana Rodríguez de
Guevara, muy cercana al mandatario y hasta hace poco desconocida en El
Salvador.
En una de las encuestas
más recientes el 70,8% de los consultados aprobó el gobierno de Bukele y 97,7%
consideró que la violencia ha disminuido. El sondeo elaborado por la
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), dirigida por los jesuitas,
dio una amplia ventaja al oficialista Nuevas Ideas. Según el estudio 61,7%
votaría por el partido de Bukele, 2,6% por el izquierdista Frente Farabundo
Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y 1,5% lo haría por el derechista
Arena.
Arena gobernó el país por
20 años de 1999 a 2009, mientras que el FMLN lo hizo desde 2009 a 2019, cuando Bukele arrasó en las urnas y terminó
con el bipartidismo.
"No hay
ningún candidato, ningún partido que pueda competirle al presidente en este
momento", dijo a The Associated Press el abogado
Eduardo Escobar de la organización no gubernamental Acción Ciudadana.
Agregó que "lo
que se prevé... es que gane la elección en primera vuelta de manera fácil"
y que Nuevas Ideas "pueda tener al menos la mayoría absoluta, la mitad
más uno de los 60 diputados del Congreso y la mayoría de las alcaldías".
La abogada y analista
política Bessy Ríos criticó a los partidos de oposición porque "han
perdido año y medio alegando la inconstitucionalidad (de la relección), lo cual
es cierto, pero no prepararon candidatos ni los promovieron".
Napoleón
Campos, especialista en temas internacionales, sostuvo que
una Sala de la Corte "no puede habilitar lo que la Constitución no habilita" mientras
algunos analistas consideraron que la habilitación
de Bukele es "ilegítima" porque la Sala está integrada por
personas afines al gobierno.
En mayo de 2021 el nuevo
Congreso controlado por Nuevas Ideas y sus aliados destituyó a los magistrados
de la Sala de lo Constitucional, juramentó a los sucesores y aprobó una reforma
para cesar a jueces y fiscales mayores de 60 años o con más de 30 años de
servicio. Para los diputados de la oposición con esa reforma el oficialismo
buscaba controlar el Poder Judicial.
En una entrevista con AP
Juan Papier, subdirector de la División para las Américas de Human Rights
Watch, sostuvo que Bukele "creó las condiciones que le permiten
concentrar el poder político y buscar reelegirse para prolongar o perpetuar su
proyecto autoritario".
Laura Andrade, directora
del Instituto de Opinión Pública de la UCA, explicó que los salvadoreños están
mayoritariamente de acuerdo con la reelección "porque no desean que
haya una reversión del progreso que perciben ni de los avances en materia de
seguridad".
"Tenemos más
seguridad, mis hijos salen a jugar al pasaje (a la calle) sin problemas, los
pandilleros están presos o se fueron a otro lado",
aseguró Juana Martínez, una mujer que visitaba el centro histórico de San Salvador.
El 27 de marzo de 2022,
cuando se registraron 62 homicidios en
un día, el Congreso aprobó
un estado de excepción que limita la libertad de asociación, suspende el
derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y razón de
su arresto, así como a la asistencia de un abogado. Además, amplía de 72 horas
a 15 días el plazo de detención administrativa y permite a las autoridades
intervenir la correspondencia y celulares de quienes considere sospechosos.
El Parlamento también
reformó el Código Penal para
que los integrantes de las pandillas,
o cualquier otra organización delictiva, puedan ser condenados a penas de 20 a
40 años de prisión. Los cabecillas de esos grupos podrían enfrentar sentencias
de 45 a 60 años de cárcel.
"Hay menos
muertos, vivimos más tranquilos y no me preocupa eso de la Constitución",
agregó Tomás Escalilla, un obrero de la construcción mientras esperaba el
autobús en un parque de Santa Tecla, en la periferia oeste de la capital.
Liberadas de la
obligación de tener que explicar cada arresto, las fuerzas
de seguridad fueron de puerta en puerta, sacaron a la rastra a
numerosos jóvenes y rodearon las zonas con alambres de púas para controlar
quién entraba y quién salía.
Papier admitió que la
política de seguridad de Bukele ha logrado reducir significativamente los
homicidios y las extorsiones cometidas por las pandillas, pero afirmó que el
costo del régimen de excepción "ha sido graves violaciones de derechos
humanos y concentración del poder".
Ana Piquer, directora
para las Américas de Amnistía Internacional que recientemente presentó un
informe en el que señaló al Estado salvadoreño de cometer "torturas
sistemáticas en las cárceles", expresó su preocupación por la
reelección de Bukele porque teme que "puede fortalecer este tipo de
prácticas".
El gobierno asegura que
las medidas extraordinarias han sido exitosas y que se ha capturado a 74.000
personas de las cuales los jueces han liberado a más de 7.000 debido a la falta
de pruebas para establecer sus vínculos con las pandillas.
En 2015 El Salvador era considerado uno
de los países más violentos del mundo,
con una tasa de 106 homicidios por cada 100.000 habitantes. En 2023 la Policía
Nacional Civil contabilizó 195 homicidios hasta el 30 de noviembre contra los
598 del mismo período del año anterior.
Pero según un informe de
Amnistía Internacional desde la vigencia del estado de excepción y hasta
octubre se han registrado 327 desapariciones forzadas y más de 190 muertes bajo
custodia estatal.
Algunos temen que, de
lograr la reelección, Bukele
mantenga e incluso refuerce el régimen de excepción.
Las llamadas maras o
pandillas están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado, pero
además extorsionan a comerciantes y empresas del transporte y asesinan a
quienes se niegan a pagar.
En 2012 el gobierno
estadounidense incluyó a la Mara
Salvatrucha (MS-13), en una lista de organizaciones criminales. Tres años
después, la Corte Suprema salvadoreña la declaró terrorista, así como a la pandilla Barrio 18.
"Ahora puedo entrar a los lugares donde mandaban las pandillas, entes era un suicidio", dijo Germán Castellón, quien entrega comida a domicilio en la comunidad La Campanera, que por casi más de tres décadas estuvo bajo el control de Barrio 18.
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