Dirección de prisiones dice Fausto Miguel Cruz ha recibido asistencia médica cuando lo ha requerido
Santo
Domingo, RD. - La Dirección General de Servicios
Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) informó que realiza una investigación
para determinar los funcionarios penitenciarios responsables de permitir que
Fausto Miguel Cruz de la Mota, acusado de la muerte de Orlando Jorge Mera,
hiciera una llamada a un medio de comunicación.
A
través de un comunicado de prensa, la DGSPC dijo que la experticia la realiza
la subdirección de Seguridad e Inteligencia que dirige el coronel Manuel
Polanco, quien “en estos momentos se
encuentra en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Hombres, para
tales fines”.
En
esta semana el confeso asesino, de quien fuera ministro de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, llamó a un programa radial,
conversando por alrededor de 30 minutos con los conductores del espacio, en el
que indicó que no se le permitirá tener acceso a atenciones médicas.
La institución del sistema
penitenciario informó que, desde su ingreso al sistema penitenciario, Cruz de
la Mota ha recibido asistencia médica por parte de los galenos del sistema y de
centros de salud privados del país.
Reveló que según registra el libro
de asistencia de la institución, que ha sido visto por especialistas de la
salud, en todos los momentos que lo ha requerido.
“La Dirección
General de Servicios Penitenciarios y Correccionales actúa en cumplimiento a la
Ley 113-21, sobre Régimen Penitenciario, la cual, entre los derechos de los
privados de libertad, establece el derecho a la salud y a la comunicación
telefónica, y cuyo uso de dicha comunicación está reservada para sus familiares
y representantes legales, según lo establece el artículo 4 numeral 11 de la
Ley”, dicen en la nota de prensa.
“La
DGSPC, es la autoridad penitenciaria responsable de evitar que las personas
privadas de libertad continúen agrediendo a la sociedad durante el cumplimiento
de su condena, y para esto lleva a cabo el Plan de Eliminación de Teléfonos No
Autorizados en los centros penitenciarios del país, con el apoyo de la
Procuraduría General de la República, el Ministerio de Interior y Policía y el
Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), con resultados
positivos”, siguen explicando.
Indican que para garantizar
el derecho a la comunicación de los privados de libertad han instalado 214
Comuni-agencias, en coordinación con la Procuraduría General de la República,
las cuales fueron distribuidas en todos los centros penitenciarios a nivel
nacional.
Por: la Redacción.
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