HAITÍ: 14 años despues, centenares malviven luego del terremoto de 2010
EFE: Puerto Príncipe, Haití.
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Catorce años después del terremoto de enero de 2010, que causó más de 200,000
muertes y dejó a 1,3 millones de personas sin hogar en Haití, centenares de
sobrevivientes de la tragedia y otras víctimas de la inseguridad, mal viven en
campamentos ante la "total indiferencia" de las autoridades.
Así lo denunció ayer
viernes en un informe la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos
(RNDDH).
"Es
inaceptable que haya más personas en los campamentos a causa de la inseguridad
que a causa de las catástrofes naturales. También es inaceptable que las
condiciones generales de vida en los sitios monitoreados no impulsen a las
autoridades estatales a tomar ninguna medida",
afirmó la organización no gubernamental.
La entidad consideró que
esa situación se debe a la negligencia e incompetencia de las autoridades
estatales y su presunta connivencia con bandidos armados.
En los años transcurridos
desde el terremoto de 2010, los sucesivos gobiernos han hecho numerosas
promesas a la población para ayudarla a recuperarse con dignidad y respeto de
sus derechos fundamentales. Sin embargo, no se ha adoptado ni una sola medida eficaz,
agregó la RNDDH.
"Las promesas
se olvidaron rápidamente, sobre todo por parte de los que se presentaron a las
elecciones, y los ciudadanos tuvieron que arreglárselas por su cuenta para
cuidar de sí mismos y de sus hijos, y para construir estructuras permanentes en
las zonas donde se les habían concedido refugios, transformando, en la medida
de lo posible, los refugios temporales en viviendas permanentes",
dijo la ONG.
La inseguridad, que hace
14 años se caracterizaba por los asesinatos, robos y violaciones perpetrados
contra la población haitiana en general, ha adquirido una nueva dimensión con
la proliferación de bandas armadas agrupadas en dos grandes coaliciones, la G-9
en Fanmi e Alye y la G-Pèp, dirigidas respectivamente por Jimmy Cherizier,
alias Barbecue, y Gabriel Jean Pierre, alias Ti Gabriel o Gabo, y asentadas en
Delmas 6 y Cité Soleil, en la zona de Nan Brooklyn, en la capital haitiana.
Las bandas armadas roban,
violan y matan impunemente. Ocupan al menos el 80 % del territorio del
departamento del Oeste, donde se encuentra Puerto Príncipe, y se están
introduciendo progresivamente en los demás departamentos geográficos del país,
especialmente en Artibonite y Centre.
Las bandas controlan las
principales carreteras que unen los departamentos geográficos entre sí,
reduciendo considerablemente la circulación de bienes y servicios en el
territorio nacional, al tiempo que encierran el departamento del Oeste.
"Así, desde
2018, en los departamentos del Oeste y Artibonite, se han registrado al menos
25 masacres y ataques armados a gran escala, con el resultado del asesinato de
varios cientos de personas, la violación en grupo de varios cientos de mujeres
y niñas, el tiroteo de varios cientos más y el incendio de miles de viviendas y
vehículos", según la RNDDH.
La gente ha tenido que
abandonar sus posesiones para refugiarse en escuelas, iglesias, plazas públicas
y terrenos baldíos, formando un gran número de campamentos para desplazados,
situados en el departamento del Oeste, junto a los lugares de reubicación de
las víctimas del terremoto del 12 de enero de 2010.
Se han creado al menos 45
puntos para los desplazados por la inseguridad, que albergan a más de 37,300
personas. La RNDDH recomienda a las autoridades que proporcionen asistencia
humanitaria, financiera y psicológica a todos los desplazados de los campamentos,
sin distinción y teniendo en cuenta sus necesidades específicas.
La ONG también recomienda
que se escolarice a los miles de niños de los campamentos que nunca han
asistido a la escuela desde el inicio del curso 2023-2024, y que se limpien los
emplazamientos y se vacíen las letrinas con regularidad para evitar la propagación
de enfermedades.
"Hay que
animar a la Policía para que asegure los lugares de acogida reforzando las
patrullas alrededor y dentro de todos los campamentos sin distinción",
planteó la organización.
La ONG también exigió de las autoridades crear condiciones adecuadas de seguridad y dignidad para que las víctimas puedan regresar a sus zonas de residencia, respetando sus derechos fundamentales.
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