JUSTICIA: Senadores y diputados han desfilado ante SCJ por graves imputaciones penales
Santo Domingo, RD. - Senadores
y diputados han pasado por la Suprema Corte de Justicia con procesos que van
desde presuntos actos de corrupción, lavado de activos, violación de propiedad
y violencia física.
Algunos se ellos han sido
exonerados de responsabilidad penal, como el caso del senador por San Juan de
la Maguana, Félix Bautista, y el diputado por Santiago, Gregorio Domínguez, del
Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Mientras que el diputado
perremeísta Sadoky Duarte, fue sentenciado a tres años de prisión suspendida,
por ultraje y violencia contra la autoridad pública y en contra de la diputada
Rosa Amalia Pilarte, hay un proceso abierto por lavado de activos.
Mientras que el ministerio público investiga a los diputados Sergio
Moya, alias “Gory”, por el Distrito Nacional, Nelson Marmolejos Gil, del
Partido Revolucionario Moderno (PRM) por Santiago.
Igualmente, a Faustina Guerrero Cabrera, del partido de gobierno en El
Seibo y Héctor Darío Féliz Féliz, del Partido Revolucionario Dominicano, por la
provincia Pedernales.
PROCEDIMIENTO
Las fases de investigación, instrucción y juicio que se le conozca a los
legisladores son de la exclusiva competencia de los jueces de la Suprema Corte
de Justicia.
La Constitución
dominicana y el Código Procesal Penal establecen la jurisdicción privilegiada y
el procedimiento a seguir en ese tipo de casos, que deben ventilarse cumpliendo
las reglas comunes.
Empezando por la Carta
Magna, el artículo 154 dispone que corresponde a la Suprema conocer, en única
instancia, las causas penales seguidas, entre otros, a senadores y diputados.
Todo el proceso es
conocido por jueces de la Suprema, desde la investigación, la coerción, la
audiencia preliminar, juicio de fondo, la apelación y la casación.
En virtud a lo
preceptuado por el artículo 377 del Código Procesal Penal, en los casos de
privilegio de jurisdicción en razón de la función que desempeña el imputado, se
aplica el procedimiento común.
Conforme al artículo 379
del Código Procesal Penal, corresponde al presidente de la Suprema designar a
un juez de esa Alta Corte, para que conozca la fase de instrucción, quien luego
no podrá intervenir en el juicio.
Los recursos de apelación
serán conocidos por la cámara penal y los de casación, por el Pleno de la
Suprema.
"GORY" MOYA
Otro legislador, que también se encuentra un juez de la instrucción
especial de la Suprema Corte de Justicia apoderado para velar por el control de
la investigación del ministerio público, es el diputado Sergio Moya, alias
Gory, acusado en el caso Calamar.
El caso al principio había sido apoderado al entonces juez de la
instrucción especial de la Suprema, Napoleón Estévez Lavandier, actual
presidente del Tribunal Constitucional (TC).
Sin embargo, el presidente de la Suprema, Luis Henry Molina Peña,
mediante auto designó al magistrado Justin para que lleve el control de la
pesquisa en contra del legislador.
El ministerio público solicitó la designación del juez para el
legislador por las imputaciones preliminares de asociación de malhechores,
soborno, estafa contra el Estado y lavado de activos.
Otros diputados, Nelson Marmolejos Gil, del Partido Revolucionario
Moderno (PRM) en Santiago; Faustina Guerrero Cabrera, también del partido de
gobierno en El Seibo y Héctor Darío Féliz Féliz, del Partido Revolucionario
Dominicano, por la provincia Pedernales, también tienen una abierta una
investigación por parte del ministerio público.
En contra de los tres legisladores el ministerio público solicitó la
designación de un juez de instrucción especial, para el control de las
investigaciones señaladas como parte de la red denominada Falcón acusada por el
Ministerio Público de narcotráfico, asociación de malhechores y lavado de
activos.
MARMOLEJOS GIL
De acuerdo al Ministerio Público, Marmolejos Gil obtuvo el
financiamiento completo de su campaña con el dinero del cabecilla de la
estructura de crimen organizado que operaba en Santiago y otras zonas del país.
DARÍO FELIZ
Mientras que Darío Feliz, está señalado por transportar una de las
personas de esta red, con la intención de sustraerlo de la investigación.
La diputada Guerrero Cabrera es esposa de Juan Maldonado Castro,
vinculado a la red Falcón. Castro era director de Comunidad Digna y fue
suspendido tras su vinculación en este caso.
ROSA AMALIA
Actualmente, la diputada Rosa Amalia Pilarte, del Partido Revolucionario
Dominicano (PRM), por La Vega, enfrenta un juicio de fondo, acusada de delitos
de narcotráfico y lavado de activos.
La audiencia, fue aplazada para el 13 de febrero, por los jueces de la
Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, a fin de dar oportunidad a
que se decida un incidente planteado por la Procuraduría General de la
República.
El Ministerio Público solicitó al tribunal que sea incluido en el
proceso un testigo, 4 pruebas documentales y una pericia que fueron excluidas
por el entonces juez de instrucción especial Napoleón Estévez Lavandier, actual
presidente del Tribunal Constitucional.
GREGORIO DOMÍNGUEZ
Otro diputado, que se vio en la Suprema Corte de Justicia fue el
diputado de la provincia Santiago, Gregorio Domínguez Domínguez, acusado de
desalojo ilegal y demolición de la vivienda de la señora Lucila Nelly Capellán,
en Punta Rucia, Puerto Plata.
Empero, los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema, declararon al
legislador no culpable de los hechos por insuficiencias de pruebas e
incoherencias en los testigos presentados por la parte querellante y el
Ministerio Público.
El caso ocurrió en pandemia cuando el ahora diputado hacía campaña
política en la zona, y en reiteradas ocasiones negó que se encontrara en el
lugar de la demolición.
OTRO PROCESO
A pesar de que el diputado Gregorio Domínguez fue descargado, hay otro
juez de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Samuel Arias
Arzeno, apoderado del control de las investigaciones en su contra en torno a
una querella por violencia física.
El ministerio público solicitó la designación del juez para el control
de las investigaciones de la querella que interpuso una estadounidense de 66
años en contra del diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) .
La víctima alega en su querella que el 12 de mayo del 2021 mientras
andaba con su esposo por un camino solitario en la comunidad de Punta Rucia
fueron interceptados de manera repentina por Evin Augusto Domínguez Vásquez
(abogado y primo hermano del imputado), conjuntamente con una turba de hombres
dirigidos de manera directa y personal por imputado.
FÉLIX BAUTISTA
Otro legislador que paso por el alto tribunal judicial del país, fue el
senador Félix Bautista, por San Juan de la Maguana, a quien acusó de la
comisión de presuntos actos de corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de
activos cuando estuvo al frente de la Oficina de Ingenieros Supervisores de
Obras del Estado (OISOE), en el período 2004-2008.
En el proceso en el cual se dictó un auto de no ha lugar se encuentran
Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, Carlos Manuel Ozoria Martínez, Soraida
Antonia Abreu Martínez, José Elías Hernández García, Gricel Araceli Soler
Pimentel y Bienvenido Apolinar Bretón Medina.
La decisión fue dictada por el juez de instrucción especial de la
Suprema Corte, Alejandro Moscoso Segarra, la cual fue ratificada por la Segunda
Sala Penal de la Suprema Corte.
SADOKY DUARTE
El diputado perremeista Sadoky Duarte, fue sentenciado por la Segunda
Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, a tres años de prisión suspendida,
por ultraje y violencia contra la autoridad pública.
El legislador fue encontrado culpable de ultraje y violencia contra la
autoridad pública, en perjuicio del raso de la Policía Nacional, Disleidy
Heredia Figueroa y el fiscal Francis Alberto Valerio Martínez, en un incidente
ocurrido en Cotuí en el 2020.
Heredia Figueroa se querelló el 28 de diciembre del 2020 contra el
diputado por agresión, pero luego retiró la querella. Sin embargo, los jueces
no le dieron mérito al desistimiento.
Por: Ramon Cruz Benzan.
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