NICARAGUA: Católicos nicaragüenses temen por la presión contra la Iglesia
AP: Miami, Florida, EE.UU.
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Diecinueve sacerdotes expulsados del país, decenas de incidentes de acoso y
profanaciones de iglesias, áreas rurales carentes de culto y servicios
sociales: la situación del clero y de los fieles católicos en Nicaragua empeora
en 2024, según sacerdotes exiliados, laicos del país centroamericano y
defensores de derechos humanos.
El
miedo a la represión en curso por parte del presidente Daniel Ortega —contra la
Iglesia católica en particular, pero sin escatimar a los evangélicos— se ha
vuelto tan generalizado que silencia las críticas al gobierno autoritario e
incluso las menciones a la represión desde el púlpito.
“Cada vez el
silencio se hace más profundo”, dijo Martha Patricia
Molina, una abogada nicaragüense que huyó a Estados Unidos. Su trabajo —en el
que registró cientos de casos de persecución eclesiástica— le valió
recientemente un International Religious Freedom Award (Premio a la Libertad
Religiosa Internacional) del Departamento de Estado de Estados Unidos.
“Si es peligroso rezar el
rosario en la calle, extremadamente lo es hacer denuncia”,
declaró Molina.
“Muchos sacerdotes
consideran (que) si denuncian, hay más represalias contra la comunidad.
Nosotros como laicos queremos que ellos hablen, pero la única alternativa es el
cementerio, la cárcel o el destierro”.
Contó 30 profanaciones de
iglesias en el último año, de las cuales sólo unas cuantas fueron denunciadas a
las autoridades. Recientemente, supo de un sacerdote que acudió a la policía
tras un robo en su iglesia —solo para recibir insultos y que le dijeran que él
era sospechoso—.
“La vida en Nicaragua es un
infierno, porque la vigilancia es brutal. Vos no podés decir nada que sea en
contra de ellos”, dijo un sacerdote exiliado. Como él, la mayoría de
los exiliados entrevistados para este artículo hablaron con The Associated
Press bajo condición de anonimato por temor a represalias contra sus familias o
sus comunidades en Nicaragua.
ROSTRO
EN TIERRA
“El pueblo está rostro en tierra:
‘Si están haciendo eso con los padres (los sacerdotes), ¿qué van a hacer con
nosotros?’”, añadió el clérigo. Se le prohibió regresar a
Nicaragua, donde él, como muchos sacerdotes y monjas, provocó la ira del
gobierno por brindar refugio y primeros auxilios a los heridos cuando el
gobierno de Ortega reprimió violentamente las protestas cívicas masivas en
2018.
Los disturbios de entonces, que
comenzaron contra los recortes propuestos a la seguridad social, se ampliaron
para exigir elecciones anticipadas y acusar a Ortega de medidas autoritarias
después de que cientos de manifestantes fueran asesinados por las fuerzas de
seguridad y grupos civiles aliados.
Al igual que varios
gobiernos latinoamericanos que tienen sus raíces en revoluciones socialistas,
el de Nicaragua ha tenido una relación inconsistente con los líderes religiosos
durante décadas. Pero esas protestas desencadenaron una escalada y un ataque
sistemático a la Iglesia en lo que la Comisión de Estados Unidos para la
Libertad Religiosa Internacional llama una “campaña de acoso y persecución
severa”.
Ortega y su esposa,
Rosario Murillo, quien es también vicepresidenta, culpan al clero “terrorista y
golpista” de apoyar los disturbios civiles que, según afirman, equivalen a
planear un golpe de Estado en su contra. El clero y los observadores laicos dicen
que el gobierno trata de sofocar a la Iglesia porque todavía es el raro crítico
que se atreve a oponerse a la violencia de estado en Nicaragua y cuya voz es
respetada por muchos ciudadanos.
El “exilio sin
precedentes de voces críticas” —desde líderes religiosos hasta periodistas
y artistas— en Nicaragua equivale a un “plan de censura total”, dijo
Alicia Quiñones, quien dirige la organización de libertad de expresión PEN
International en América y el Caribe.
Se ha vuelto casi imposible
realizar reportajes independientes en Nicaragua, agregó, y citó el
encarcelamiento el año pasado de un periodista acusado de “información falsa”
luego de que cubriera una celebración de Pascua cuando las fiestas católicas
públicas han sido prohibidas en gran medida.
“Ya no se soporta la presión”, dijo un
sacerdote que ahora se encuentra en Estados Unidos. Al igual que otros, refiere
que los asistentes a misa han comenzado a notar que hay gente en los bancos que
nunca antes habían visto y temen que estén allí para informar sobre cualquier
indicio de oposición al gobierno, aunque solo sea una oración por la seguridad
del clero encarcelado en condiciones peligrosas.
REPRESIÓN
PROFUNDA
En un país donde más del 80% de
la población es cristiana —alrededor del 50% católica y más del 30% evangélica,
según la comisión de libertad religiosa de Estados Unidos— la represión es
profunda tanto espiritual como materialmente.
Ha afectado no sólo al clero y
las órdenes religiosas, sino también a los estudiantes universitarios, a las
poblaciones minoritarias y marginadas, e incluso a pequeños negocios en pueblos
rurales que dependían de procesiones religiosas y fiestas de los santos
patronos —ahora con frecuencia prohibidas o realizadas solo en interiores— para
obtener sus ingresos.
En noviembre, Molina dijo que a
muchos sacerdotes incluso se les impidió celebrar misas tradicionales en los
cementerios por Día de Muertos, una festividad religiosa importante en toda
Latinoamérica.
El Congreso de Nicaragua,
dominado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional de Ortega, ha cerrado
más de 3.000 organizaciones no gubernamentales, incluida la organización
benéfica de la Madre Teresa, lo que ha creado una brecha importante en los servicios
sociales, especialmente en zonas rurales. Además de muchos bienes diocesanos,
el gobierno confiscó la prestigiosa Universidad Centroamericana, cuyos líderes
jesuitas habían abierto las puertas a estudiantes que protestaban y huían de
los ataques policiales y paramilitares.
A pesar del creciente miedo,
muchos fieles continúan asistiendo a los servicios religiosos —donde todavía
están disponibles. En las zonas rurales, en especial, las parroquias y capillas
se han quedado sin sacerdotes, aunque los seminarios todavía tienen estudiantes,
por lo que algunos fieles esperan que eventualmente puedan reemplazar a los
exiliados u obligados a huir.
Muchos de los principales líderes
de la Iglesia católica, incluido el obispo Rolando Álvarez, quien estuvo
encarcelado durante más de un año, fueron liberados de prisión y enviados al
extranjero para negociar con el Vaticano el mes pasado. Una docena de sacerdotes
encarcelados también fueron enviados al Vaticano en octubre.
La Santa Sede ha ofrecido pocos
comentarios públicos sobre la situación, excepto llamar al diálogo. El portavoz
del Vaticano no respondió cuando la AP le preguntó si el cardenal Leopoldo
Brenes, el clérigo de más alto rango de Nicaragua, se encuentra en Roma como
informaron algunas fuentes nicaragüenses.
CRÍTICO
DE LA REPRESIÓN
El obispo auxiliar de Managua,
Silvio Báez, ha sido uno de los críticos más abiertos de la represión en
Nicaragua desde el área de Miami, donde reside después de que el papa le pidió
que abandonara su país para evitar amenazas violentas. A finales de enero,
escribió en X, antes Twitter, que estaba en el Vaticano para reunirse con el
papa Francisco, quien “me mostró su interés y amor por Nicaragua”. Muchos
exiliados argumentan que, si bien negociar la liberación de sacerdotes y otros
presos políticos marca un progreso, enviarlos al exilio no puede convertirse en
una práctica aceptable.
“El destierro no puede
normalizarse”, dijo Dolly Mora, quien se vio obligada a huir a
Estados Unidos, donde ayuda a hacer campaña contra la práctica junto con otros
activistas nicaragüenses. “Es injusto como la prisión. La comunidad
internacional no puede decir está bien que los expulsen”.
Sin protestas más fuertes por
parte del Vaticano y de los gobiernos extranjeros, muchos exiliados temen que
cualquier representante de la iglesia que quede en Nicaragua se sienta
intimidado para ser complaciente al gobierno de Ortega, a quien ahora sólo apoya
una minoría del clero.
Así que esperan que seguir con
sus denuncias de la represión y su documentación de cada sacerdote golpeado y
cada tabernáculo profanado eventualmente conduzca a la justicia.
“La dictadura lo que pretende es eliminar por completo la religión católica, porque no han logrado que la iglesia se arrodille a ellos”, dijo Molina. “No lo va a lograr”.
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