RUSIA: La represión del disenso, el sello de Putin en 24 años de poder
AP: Tallinn, Estonia. - Cuando
el carismático líder de oposición Boris Nemtsov fue asesinado a tiros en un
puente cerca del Kremlin en febrero de 2015, más de 50,000 moscovitas
expresaron su sorpresa e indignación al día siguiente del crimen descarado. La
policía se mantuvo al margen mientras marchaban y coreaban consignas
antigubernamentales.
Nueve
años después, rusos sorprendidos y furiosos salieron a las calles la noche del
16 de febrero, cuando supieron que el popular líder opositor Alexei Navalny
había muerto en prisión. Pero esta vez, quienes depositaban flores en
monumentos improvisados colocados en ciudades importantes, se encontraron con
la policía antimotines, que arrestó y arrastró a muchos de ellos.
En los años transcurridos
entre uno y otro suceso, la Rusia de Vladímir Putin pasó de ser un país que
toleraba cierto disenso a convertirse en uno que lo reprime implacablemente.
Arrestos, juicios y largos períodos en prisión, que alguna vez fueron infrecuentes,
ahora son comunes, especialmente después de la invasión de Ucrania por parte de
Moscú.
Además de hacerlo contra
sus opositores políticos, el Kremlin ahora arremete contra grupos defensores de
derechos humanos, medios independientes y otros miembros de organizaciones de
la sociedad civil, activistas LGBTQ+ y ciertas denominaciones religiosas.
“Rusia ya no es un
Estado autoritario; es un Estado totalitario”,
dijo Oleg Orlov, copresidente de Memorial, el grupo ruso de derechos humanos
centrado en la represión política. “Todas estas represiones tienen como
objetivo suprimir cualquier expresión independiente sobre el sistema político
de Rusia, sobre las medidas de las autoridades, o cualesquier activistas
civiles independientes”.
Un mes después de hacer
ese comentario a The Associated Press, Orlov, de 70 años, se convirtió en una
estadística del propio grupo: fue esposado y sacado de un tribunal tras ser
condenado por criticar al ejército por el caso de Ucrania y sentenciado a dos
años y medio de prisión.
Memorial calcula que
existen cerca de 680 presos políticos en Rusia. Otro grupo, OVD-Info, dijo en
noviembre que 1.141 personas están tras las rejas por acusaciones políticamente
motivadas, más de 400 reciben otros castigos y cerca de 300 más están siendo
investigadas.
LA
URSS SE DESVANECE, PERO LA REPRESIÓN REGRESA
Hubo un tiempo después
del colapso de la Unión Soviética cuando parecía que Rusia había cambiado de
página y la represión generalizada era cosa del pasado, dijo Orlov, defensor de
derechos humanos desde la década de 1980.
Si bien hubo casos
aislados en la década de 1990 bajo el régimen del presidente Boris Yeltsin,
Orlov dijo que las grandes represiones comenzaron paulatinamente después de que
Putin llegó al poder en 2000.
El magnate petrolero en
el exilio Mijail Jodorkovski, que pasó 10 años en prisión tras desafiar a
Putin, dijo a AP en una entrevista reciente que el Kremlin comenzó a sofocar el
disenso aun antes de su arresto en 2003. Purgó al canal de televisión independiente
NTV y fue tras otros oligarcas que lo desafiaron, como Vladimir Gusinsky o
Boris Berezovsky.
Al preguntársele si en
ese entonces pensó que las medidas represivas alcanzarían la escala actual de
cientos de prisioneros y demandas legales con motivaciones políticas,
Jodorkovsky respondió: “Pensaba que él (Putin) se quebraría antes”.
Cuando Nadya
Tolokonnikova y los demás miembros de Pussy Riot fueron arrestadas en 2012 por
interpretar una canción contra Putin en una importante catedral ortodoxa de
Moscú, su sentencia de dos años en prisión fue impactante, recordó en una
entrevista.
“En ese entonces,
parecía una sentencia (de prisión) increíblemente (larga). Yo ni siquiera me
imaginaba que podría salir”, dijo.
UNA
CRECIENTE INTOLERANCIA AL DISENSO
Cuando Putin recuperó la
presidencia en 2012 tras evadir los límites del cargo al desempeñarse como
primer ministro durante cuatro años, fue recibido con protestas masivas. Las
consideró como inspiradas por Occidente y quiso arrancarlas de raíz, dijo Tatiana
Stanovaya del Centro Carnegie para Rusia y Eurasia.
Muchas personas fueron
arrestadas, y más de una docena recibieron condenas de hasta cuatro años de
prisión tras las protestas. Pero principalmente, señaló Stanovaya, las
autoridades “creaban condiciones en las que la oposición no pudiera
prosperar”, en lugar de desmantelarla.
Se sucedió una oleada de
leyes que endurecieron las regulaciones de las protestas y dieron amplios
poderes a las autoridades para bloquear sitios web y vigilar a los usuarios en
línea. Colocaron la etiqueta restrictiva de “agente extranjero” a ciertos grupos
para erradicar lo que el Kremlin consideraba una influencia externa dañina que
alimentaba el disenso.
Entre 2013 y 2014,
Navalny fue condenado dos veces por malversación de fondos y fraude, pero sus
sentencias fueron suspendidas. Su hermano fue encarcelado en lo que se
considera un movimiento para presionar al líder opositor.
La anexión de Crimea por
parte de Moscú en 2014 generó una oleada de patriotismo e impulsó la
popularidad de Putin, envalentonando al Kremlin. Las autoridades restringieron
a las organizaciones no gubernamentales y grupos de derechos financiadas desde
el extranjero, proscribiendo a algunas de ellas como “indeseables” y atacando a
los críticos en línea mediante denuncias judiciales, multas y ocasionalmente,
la cárcel.
Mientras tanto, la
tolerancia a las protestas se redujo. Las manifestaciones encabezadas por
Navalny en 2016 y 2017 dieron lugar a cientos de arrestos; en los mítines
masivos del verano de 2019, otros manifestantes fueron condenados y
encarcelados.
El Kremlin usó la
pandemia de COVID-19 en 2020 como excusa para prohibir las protestas. Hasta el
día de hoy, las autoridades se niegan a permitir las marchas, mencionando las “restricciones
por el coronavirus”.
Tras el envenenamiento,
recuperación en Alemania y arresto de Navalny al volver a Rusia en 2021, la
represión se intensificó. Toda su infraestructura política fue proscrita como
extremista, lo que expuso a sus aliados a ser demandados.
Open Russia, un grupo
opositor respaldado desde el exterior por Jodorkovsky, también tuvo que cerrar,
y su líder, Andrei Pivovarov, fue arrestado.
Memorial, el grupo de
Orlov, fue cerrado por la Corte Suprema rusa en 2021, un año antes de ganar el
Premio Nobel de La Paz como el símbolo esperanzador de una Rusia postsoviética.
Él recuerda la incredulidad después de la decisión de la corte.
“No podíamos
imaginar todos esos pasos de la espiral, que la guerra podía surgir, y que
todas esas leyes sobre desacreditar al ejército serían sancionadas”,
dijo.
LA
GUERRA Y NUEVAS LEYES REPRESIVAS
Con la invasión a Ucrania
en 2022, Rusia promulgó esas nuevas leyes represivas que sofocaban cualesquier
protestas contra la guerra y las críticas al ejército. El número de arrestos,
demandas penales y juicios creció desaforadamente.
Las acusaciones variaban
desde donar dinero a grupos de derechos humanos que ayudaban a Ucrania hasta la
relación con el grupo de Navalny, ahora calificado como “extremista”.
Los críticos del Kremlin
fueron encarcelados, y su prominencia no pareció importar. Finalmente, Navalny
fue sentenciado a 19 años, mientras otro opositor, Vladímir Kara-Murza, obtuvo
la pena máxima de 25 años por traición.
Entre quienes también
fueron sentenciados está un artista de San Petersburgo condenado a siete años
por reemplazar las etiquetas de precios de un supermercado con consignas
pacifistas; dos poetas de Moscú condenados a cinco y siete años por recitar
versos en público, uno de los cuales mencionaba a Ucrania, y una mujer de 72
años, condenada a cinco años y medio de prisión por dos publicaciones en redes
sociales contra la guerra.
Los activistas señalan
que las sentencias de prisión se han vuelto más largas en comparación con las
que se imponían antes de la guerra. Cada vez más, las autoridades han apelado
sentencias con penas más ligeras. En el caso de Orlov, los fiscales buscaban
someter a un nuevo juicio su condena previa, que inicialmente se reducía a una
multa; posteriormente, fue sentenciado a prisión.
Otra tendencia es el
aumento de los juicios en ausencia, señaló Damir Gainutdinov, director del
grupo defensor de derechos Net Freedoms. La organización contó 243 demandas
penales por acusaciones de “difundir información falsa” sobre el
ejército, y 88 de ellas se emitieron contra personas fuera de Rusia, entre
ellas, 20 que fueron condenadas en ausencia.
Los sitios noticiosos
independientes fueron bloqueados. Muchos trasladaron sus salas de prensa al
extranjero, como el canal televisivo independiente Dozhd o Novaya Gazeta, y su
trabajo está disponible para los rusos a través de redes virtuales privadas (VPN,
por sus siglas en inglés).
Al mismo tiempo, el
Kremlin amplió una ofensiva de 10 años contra la comunidad LGBTQ+ en lo que,
según los funcionarios, era una lucha por los “valores tradicionales” apoyados
por la Iglesia ortodoxa rusa frente a la influencia “degradante” de Occidente.
El año pasado, los tribunales declararon al “movimiento “LGBTQ+ como extremista
y prohibieron la transición de género.
La presión contra grupos
religiosos continuó también, con cientos de testigos de Jehová demandados
penalmente en toda Rusia desde 2017, cuando esa denominación religiosa fue
declarada extremista.
El sistema opresor está
diseñado para “mantener el miedo en las personas”, dijo Nikolay Petrov,
investigador visitante del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de
Seguridad.
No siempre funciona. La
semana pasada, cientos de personas desafiaron a una gran cantidad de policías
antimotines para llorar la muerte de Navalny en su funeral en el sudeste de
Moscú, coreando “¡No a la guerra!” y “¡Rusia sin Putin!”,
consignas que, normalmente, habrían producido arrestos.
Esta vez, inusitadamente, la policía no intervino.
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