Corte revoca decisión excluía a dueños de Costa Dorada de derecho a defender terreno
SANTO DOMINGO, RD. - La
Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional
revocó la decisión que excluía como querellantes a los propietarios de las
acciones de la compañía Costa Dorada.
La
decisión fue en torno a una querella interpuesta en contra de Rafael Olegario
Helena Regalado, Ailec Paloma Soto Garabito y Judith Franchesca Aguasvivas
Báez, a quienes señalan como autores de falsificación de documentos societarios
para arrebatarles sus derechos en la empresa Costa Dorada y con ello apoderarse
de unos 6.3 millones de metros cuadrados ubicados en terrenos costeros en Bahía
de Calderas, Baní.
Mediante la misma
decisión, la Corte de Apelación revocó el Auto de No Ha Lugar dictado por el
Séptimo Juzgado de Instrucción en favor de la imputada, Judith Franchesca
Aguasvivas Báez, y pronunció Auto de Apertura a Juicio en su contra.
La acusada deberá
comparecer al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, a defenderse de
las acusaciones que le hacen el ministerio público y las empresas Hilari Mayol,
S. A. S., Mayol & Co, S. R. L., Grand Cays Corporation, y Okra Company, L.T.D.
La resolución estableció
que los imputados Helena Regalado, Soto Garabito y Aguasvivas Báez deberán
defenderse de la acusación presentada por las empresas querellantes, la cual
había sido asumida por el ministerio público, incluida la calificación jurídica
contenida en ese escrito y la oferta probatoria que contiene.
De los tres acusados,
Helena Regalado y Soto Garabito ya habían sido enviados a juicio de fondo, el
cual está pautado para el 23 de abril del 2024.
Para que se produjera
este fallo, las empresas querellantes Hilary Mayol, S.A.S, representada por
Juan Mayol Vicioso; Mayol & CO., SRL., representada por Juan Francisco
Mayol Cabrera; Grand Cays Corporation y Okra Company LTD, representada por Ana
María Jiménez Goris, tuvieron que esperar un año y tres meses, ya que las
defensas presentaron múltiples recursos, recusaciones en contra de todos los
jueces de la corte, incidentes y hasta algunas de ellas se ausentaron de
algunas audiencias.
Con el fallo dado ayer,
la corte se admite de manera total la acusación particular presentada por las
víctimas constituidas en querellantes y actores civiles, así como todos los
elementos de prueba que demuestran que fueron desposeídas mediante documentación
falsa de sus derechos como socios de la empresa Costa Dorada.
La decisión consta de 164
páginas, y se encuentra firmada por los jueces Ramona Rodríguez López, Rafael
Báez García y Doris Pujols Ortiz. Asimismo, por el secretario interino, Robert
Infante Mejía.
Juan Tomás Vargas De
Camps, quien encabeza el equipo legal que representa a las empresas
querellantes, declaró al término de la audiencia de lectura de sentencia que
“hoy es un día de júbilo para el derecho de propiedad, la tutela judicial
efectiva, el debido proceso, para la justicia dominicana, para la inversión
privada y todo lo que eso conlleva para el desarrollo del país”.
En tanto, Manuel Sierra
Pérez, también representante de las familias querellantes, destacó la
importancia de que revocara la decisión del juez del Séptimo Juzgado de la
Instrucción, que había dado un No Ha Lugar a la persona acusada de materializar
el fraude con el depósito de cientos de documentos ante la Cámara de Comercio y
Producción de Santo Domingo, utilizando nombres de personas muertas.
Los juristas coinciden en
que la decisión revocada era funesta, porque el juez negaba el derecho de un
accionista desposeído de sus acciones a reclamarlas en justicia, alegando
erróneamente que quien tenía derecho a comparecer como querellante era la compañía
misma en relación a la cual se han adueñado ilícitamente de sus acciones y no
los dueños de las acciones.
Justicia se reivindica
“Esta decisión de
hoy reivindica la justicia dominicana, porque era un precedente funesto al que
nos exponíamos, contrario al derecho de propiedad y a la tutela judicial
efectiva, pues no solamente le negaba a una parte que resultó vulnerada en sus
derechos que comparecieran al juicio a reclamarlo, sino que también iba a
permitir que fuera petrificada una acción en su contra, que le desposeía de un
capital altísimo, fruto de su trabajo”, dijo el abogado Vargas
De Camps.
Por: la Redacción.
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