ENTREVISTA/FRANCISCO JEREZ MENA, JUEZ DE LA SUPREMA: Reducir la mora judicial puede impactar la cantidad de presos preventivos
Santo Domingo, RD. - Reducir
la mora judicial puede tener un impacto positivo en la cantidad de presos
preventivos en algunos casos. La mora judicial, que es la demora en el proceso
legal, a menudo resulta en que las personas están detenidas durante períodos
prolongados mientras esperan juicio.
Si los procesos
judiciales se agilizan y se resuelven de manera más eficiente, las personas que
están en prisión preventiva podrían ver una reducción en el tiempo que pasan
detenidas antes de que se resuelva su situación legal.
A juicio del juez
Francisco Jerez Mena, presidente de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte
de Justicia, hay un catálogo en el artículo 227 del Código Procesal Penal que
establece que no necesariamente tiene que ser la prisión preventiva y que el
proceso no necesariamente tiene que ser con personas detenidas o limitándose su
libertad ambulatoria.
“Hay un tema
cultural en ese sentido, que tránquelo y que tiene que haber un preso, que
tiene que haber un proceso con preso, y no necesariamente, pero que eso tiene
que valorar y ponderar el juez, si hay peligro de fuga o si hay causa probable
del hecho que se le imputan”, adujo el magistrado en compañía del
secretario general de la Suprema Corte de Justicia, César García Lucas.
Planteó el juez que, si
no hay peligro de fuga y la gente tiene arraigo en el país, válidamente se
puede llevar un proceso, como hay caso concreto, tras señalar que la libertad
es la regla y la prisión es la excepción.
Asimismo, el magistrado
destacó el Plan de Mora Judicial de la Suprema Corte de Justicia que, a su
juicio, ha sido una iniciativa crucial para abordar eficazmente la demora en
los procesos judiciales.
“Ningún proceso
puede durar en e l alto tribunal judicial del país más de seis meses y si
excede esto, entonces estamos en mora judicial”, afirmó
el juez quien preside el tribunal y que integran Nancy Salcedo, María Garabito,
Fran Soto y Francisco Ortega Polanco.
Consideró que la falta de
citación, falta de traslado de presos en materia penal, falta de notificación
de algunas partes y dilación de un recurso, todo eso puede llevar a que el
proceso se pudiera reenviar para otra fecha y que esa situación que se presentaba
incidía como un cáncer a la mora judicial.
“Una audiencia suspendida puede tener un costo hasta de 40 mil pesos. Yo recuerdo que en una ocasión en La Vega lo medimos en el despacho penal, pero si un proceso está al día y todas las partes están citadas, puede conocerse en un día o dos, y ahí no hay mora judicial”, precisó Jerez Mena.
Ramón Cruz Benzán, Francisco Jerez Mena y César García Lucas./
El
magistrado refirió que en la Suprema había más de 18 mil casos pendientes de
solución que databan del año 1982, pero que los jueces se centraron en varias
líneas de acción y medidas para reducir la mora judicial de manera efectiva, ya
que una “justicia tardía no es justicia”.
Precisó
que actualmente se están conociendo casos ingresados a finales del año 2023,
tras señalar que la Segunda Sala Penal ha dejado atrás 41 años de mora
judicial, indicando el tiempo promedio de emisión de fallos, luego de la
celebración de la audiencia, es de 17 días.
Destacó
que en el caso de la sala que preside se establecieron mecanismos de gestión
interno para detectar los expedientes que se encontraban en mora judicial, lo
que permitió identificar de manera más precisa los casos que necesitaban
atención inmediata y priorizar su resolución.
“En
nuestra sala nosotros comenzamos a hacer un levantamiento, para medir los que
no daba un tiempo con los expedientes en el tribunal y, como muestra en el año 2019, nos encontramos que
un caso duraba 211 días desde el apoderamiento hasta que salía con la
sentencia, en violación a lo que dispone el Código que es de 60 días para salir
del caso, enfatizó.
Empero,
eso fue bajando en 2020 a 102 días, y en la actualidad en la Segunda Sala de la
Suprema un caso dura desde que entra hasta que sale con sentencia, 34 días,
prácticamente la mitad de lo que establece el Código y que hay caso incluso que
se conocen y fallan en tan solo 12 días.
A
su entender, una metodología clave que se ha implementado es la de fallar los
expedientes por orden de entrada.
“Esta estrategia ha sido fundamental para descongestionar los
expedientes pendientes que se encontraban en la sala en condición de mora
judicial”.
Al
seguir este enfoque, se ha logrado una distribución más equitativa de los
recursos y una gestión más eficiente de los casos.
Además,
para fortalecer el equipo encargado de este proceso, se ha dotado a la sala de
recursos humanos adicionales, medida que su entender ha permitido aumentar la
capacidad operativa de la sala y agilizar el manejo de los casos.
Asimismo,
se han implementado herramientas tecnológicas para dar seguimiento y llevar un
control más efectivo de los procesos judiciales, lo que ha facilitado la
gestión de la información, la comunicación interna y externa, lo que ha
contribuido significativamente a mejorar la transparencia y eficiencia del
sistema judicial, tales como la votación y la firma digitales.
“En
conjunto, estas acciones y medidas adoptadas por la Suprema Corte de Justicia
han demostrado un compromiso firme en la lucha contra la mora judicial,
promoviendo un sistema más ágil, eficiente y accesible para todos los
ciudadanos de la República Dominicana”,
enfatizó Jerez Mena.
JUICIO A DIPUTADA EN TIEMPO RÉCORD
El
tribunal que preside Jerez Mena, conoció en menos de tres meses, el juicio de
fondo en contra de la diputada Rosa Amalia Pilarte, quien fue condenada a cinco
años de prisión por la comisión de lavado de activos provenientes del
narcotráfico.
La
última audiencia fue celebrada el lunes 26 de mayo, cuando el tribunal dejó el
caso en estado de fallo y al día siguiente emitió su veredicto en contra de la
legisladora del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
EXTRADICIONES
Asimismo,
el magistrado Jerez Mena destacó que las solicitudes de extradiciones por parte
del Departamento de Cooperación Internacional y Extradiciones de la
Procuraduría General de la República, que preside el procurador adjunto Andrés
Chalas Velásquez, se conocen en tiempo récord.
Sostuvo
que si un Estado solicita orden de arresto a través de la Procuraduría y si
entra por ejemplo lunes a las 3:00 de la tarde, ya una hora después el
Ministerio Público tiene repuestas, ya que cuentan con la secretaria general de
la Suprema Corte de Justicia, así como los departamentos de notificaciones
judiciales, que son enlace de la Procuraduría Gneral de la República para
eficientizar esa labor.
Si
la persona reclamada en extradición es arrestada, se fija la audiencia dentro
de un plazo de 48 horas para cumplir con el mandato de la Constitución, el cual
se conoce ese mismo día, al menos que una la parte no presente un incidente, al
tiempo de señalar que dicha solicitud de extradición no dura más de seis meses
para ser decidida.
Por: Ramón Cruz Benzan.
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