PERÚ: Congreso peruano aprueba ley que prescribe crímenes
AP:
Lima, Perú. - El Congreso de
Perú aprobó el jueves una ley que establece la prescripción de los delitos de
lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes de 2002, algo que
organizaciones de derechos humanos han advertido que promoverá la impunidad y
podría beneficiar a varias figuras como el expresidente Alberto Fujimori y
militares retirados.
Según
un cálculo de la fiscalía peruana difundido en junio la ley impactará sobre 550
víctimas y 600 casos, entre investigaciones y procesos judiciales, que tendrían
que ser archivados o concluidos por prescripción, es decir, porque se
extinguiría la responsabilidad penal por el paso del tiempo.
MILES DE MUERTOS EN 1980 Y 2000
Perú
vivió un conflicto armado interno con miles de muertos entre 1980 y 2000 donde
se enfrentaron las fuerzas de seguridad y del otro lado el grupo terrorista
Sendero Luminoso. El conflicto derivó en investigaciones y procesos judiciales
contra decenas de militares, miembros de Sendero Luminoso y contra el
expresidente Fujimori (1990-2000).
La
norma también ha sido criticada por expertos en derechos humanos de las
Naciones Unidas quienes indicaron a fines de junio que “choca con los valores
básicos de la comunidad internacional, fomenta la impunidad y está en patente
contradicción con el Estado de Derecho”.
La
ley, que había sido aprobada en una primera votación en junio, está ahora en
manos de la presidenta Dina Boluarte quien puede promulgarla o devolverla con
observaciones al Congreso. Boluarte, quien no ha hablado con la prensa por casi
tres meses, no ha emitido comentarios públicos sobre su posible decisión.
Quien
sí lo hizo fue su primer ministro Gustavo Adrianzén, quien la víspera dijo a la
prensa estar “absolutamente indignado” por una orden emitida el martes por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos que pidió al gobierno, al Congreso y
al Poder Judicial no adoptar, dejar sin efecto o no otorgar vigencia al
proyecto que el jueves se convirtió en ley.
La
iniciativa indica que nadie será procesado, condenado, ni sancionado por
delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra cometidos antes del 1 de julio
de 2002.
En
Perú el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional entró en vigencia en
julio de 2002, mientras que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los
Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad lo hizo en noviembre de
2003. Los dos tratados internacionales son de cumplimiento obligatorio.
UN FAVOR PARA LA IMPUNIDAD
Activistas
y expertos en derechos humanos afirman que la norma favorecería la impunidad.
Una ley similar aprobada durante el gobierno del presidente Alan García
(2006-2011) fue declarada inconstitucional un año después, en 2011, por el
Tribunal Constitucional.
Según la fiscalía, las
investigaciones o juicios que serían afectados por la ley se refieren a
matanzas, torturas, violaciones sexuales y desapariciones forzadas —sobre todo
de indígenas de los Andes y la Amazonía— en los que están imputados decenas de
miembros del ejército y la marina de guerra.
De acuerdo con una
comisión de la verdad las víctimas del conflicto interno entre 1980-2000 fueron
en su mayoría indígenas que quedaron atrapados en los enfrentamientos entre las
fuerzas de seguridad y el grupo terrorista Sendero Luminoso. La comisión calcula
que el conflicto dejó unos 70.000 muertos.
La ley también tendría
efectos sobre un caso emblemático en Perú conocido como Barrios Altos y La
Cantuta por el cual fue sentenciado el expresidente Fujimori quien estuvo preso
desde 2007 hasta 2023 por el asesinato de 25 peruanos en 1992. Fujimori salió
de la cárcel en diciembre cuando el gobierno lo liberó para cumplir un polémico
indulto presidencial de 2017 avalado por el Tribunal Constitucional.
Asimismo, la fiscalía
indicó que la ley favorecería a Fujimori en otro juicio activo en el que pide
encarcelarlo por 25 años por el asesinato de seis campesinos ocurrido en 1992.
La ley fue impulsada con
los votos del partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, hija del
expresidente. “Hay centenares de policías y militares muchos octogenarios o
nonagenarios que están injustamente presos o sometidos a la tortura de procesos
interminables por la aplicación ilegal de este criterio de la lesa humanidad”, dijo
el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi.
Otros parlamentarios que votaron a favor de la ley eran militares en la época del conflicto armado. Uno de ellos, José Cueto, exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, desestimó las consecuencias internacionales de incumplir una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que pidió al Congreso dejar sin efecto la ley. “No tiene ninguna consecuencia...que hagan lo que quieran y comuniquen lo que quieran”, dijo.
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