Las campañas electorales en RD, derroche de dinero sin mucho control
SANTO DOMINGO, RD. - Entre
marzo y abril la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción
Administrativa (Pepca) puso en marcha la “Operación Calamar” que sentó
frente al banquillo de los acusados a alrededor de 20 personas, entre ellos
exministros y un excandidato presidencial, acusados, entre otros delitos, de
actos de corrupción administrativa por utilizar los fondos en el financiamiento
de campañas electorales.
Ese expediente consistía
principalmente en que existía un entramado de corrupción de recaudar “todo el
dinero posible”, desde diferentes órganos del Estado incluido el Ministerio
de Hacienda, para la campaña electoral del entonces candidato presidencial del
Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, luego de una orden
directa del exmandatario Danilo Medina.
Esas situaciones generan el debate
en la sociedad acerca de por qué una campaña puede llegar a ser tan costosa, y
aproximarse a los mil millones de pesos en caso de un candidato presidencial,
para que un aspirante tenga que incurrir en esas prácticas para impulsar su
imagen.
Por ejemplo, de acuerdo al reporte
de gastos de Castillo; de los más de RD$750 millones de gastos que tuvo su
campaña, solo en salarios del personal que utilizó durante todo ese proceso, el
excandidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) pagó más de 18
millones; además de unos 37,499,487 en “gastos administrativos.
Igual, unos RD$240,801,032 fueron
encasillados en un renglón denominado en el reporte como “ayudas humanitarias”;
mientras que en la casilla de “gastos de campaña, Castillo gastó el total de
RD$366,732,339.45.
Al conversar con este diario, el
miembro del comité político del PLD Danilo Díaz explicó que en una campaña
electoral normal inciden múltiples factores que hacen que los gastos se
expandan hasta hablar en términos de millones de pesos.
“Estamos hablando de la
promoción de la candidatura, solamente en la parte de los medios de
comunicación, las colocaciones; en lo que tiene que ver ahora con la colocación
de las redes y todo lo que tiene con las actividades; estamos hablando de 400 y
pico de escenarios, cada uno de los lugares hay que hacer un trabajo y la
promoción de esas estructuras y la logística y entonces cuando tú multiplicas
400 por cualquier cantidad, te va a dar una gran suma de dinero”, detalló
Díaz.
En el caso del presidente
Abinader por igual se reportó que durante su campaña electoral gastó más de 900
millones de pesos, con casi RD$400 millones de esos solamente destinado al plan
de medios de su estrategia; corroborando con lo dicho por Díaz.
La disparidad entre los grandes
y los chiquitos
Para el secretario general de
Opción Democrática, Franiel Genao, el sistema que ha sido implementado por los
partidos tradicionales y la implementación del “clientelismo político de
comprar el voto”, obviamente crea una disparidad y una competencia “injusta”
para los minoritarios.
“Y no te hablo de compra de
votos en el sentido del señor con la funda llena de dinero fuera del recinto
electoral, si no dé por ejemplo un candidato que se mete en un barrio a comprar
recetas médicas, a comprar lavadoras, a comprar abanicos, a celebrarles
cumpleaños a la gente", argumentó Genao.
"La transacción que se hace
con los electores es a partir de dinero, es decir van a hacer un recorrido por
un sector y entonces mandas un equipo alante que reparte dinero”
Los topes
El mismo señaló que de una de las formas en que se podría resolver esos asuntos es reduciendo los topes de gastos y estableciendo una especies de mecanismos para fiscalizar los recursos que utiliza cada partido.
El tema de la reducción de los topes de gastos fue propuesto en el borrador inicial del pleno de la JCE para la reforma a la ley 15-19; sin embargo esa parte fue dejada igual en el Congreso Nacional, lo que llevó al presidente del órgano Román Jáquez a quejarse sobre ello.
"En lugar de reducirse los topes de gastos de campaña, se mantuvieron igual a como están instituidos en la Ley vigente; tampoco se establece la obligación de presentar informes de gastos a cargo de las candidaturas ni sanciones a la violación de los topes y el incumplimiento a la presentación de informes, lo que de haberse aprobado contribuiría con disminuir la incidencia de los intereses privados en la representación popular; crear condiciones de equidad en la contienda y facilitar la fiscalización de los recursos utilizados en campaña", expresó Jaquez Liranzo a finales del 2022.
Román Jáquez Liranzo.
Actualmente la ley 20-23 en su
artículo 22, establece que los candidatos a la presidencia pueden gastar hasta
RD22.50 por electores hábiles inscritos en el Registro Electoral a nivel
nacional; los que aspiran a una senaduría o diputación hasta RD05.00 por
electores hábiles inscritos en el Registro Electoral a nivel de la provincia o
circunscripción correspondiente y quienes compiten por una sindicatura RD$43.75
por electores hábiles inscritos en el Registro Electoral de la demarcación
correspondiente.
La fiscalización de los recursos
LISTÍN DIARIO realizó una búsqueda
dentro del reporte final de ingresos y egresos de la campaña electoral de
Castillo durante los pasados comicios y ninguno de los acusados aparecen dentro
del listado de personas/empresas que aportaron dinero para la propaganda de la
candidatura del exministro de Obras Públicas y Comunicaciones del 2012 al 2019.
Incluso, uno de los implicados en
el caso, el abogado Angel Lockward, afirmó que apoyó al presidente Luis
Abinader y que si a alguien le ha dado dinero es al actual mandatario.
“Yo no he lavado activo
porque y el dinero que a mí me pagaron lo tengo y no he cometido delito que
tenga un requerimiento previo para lavado de activo. Yo no le di dinero al
Penco (Gonzalo Castillo) para que vayamos estando claros, ustedes saben que yo
me opuse al PLD durante ocho años, y apoyé al presidente Abinader, de manera que,
si a alguien le di de mi dinero limpio, fue al presidente Abinader”, decía el
jurista al momento que se presentó a declarar ante la Procuraduría General de
la República.
El nombre de Lockward tampoco
aparece en el reporte de aportes del actual jefe de Estado que tiene colocado
el portal de la JCE.
Esas situaciones recientes vuelven
a poner en el debate de cómo es fiscalizado la cantidad de dinero que reciben
los candidatos para fines de campaña electoral y como estos utilizan esos
recursos; en noviembre del pasado año tanto el plano como los partidos
políticos se mostraron en consonancia y a favor de la creación de la “Unidad de
Atención, Seguimiento y Mecanismos de Ejecución de las Sanciones” la cual se
encargará de perseguir las infracciones administrativas electorales y
dictaminar las penalidades y medidas cautelares que establecen las leyes que
rigen el sistema político nacional.
De acuerdo con el borrador
presentado por la JCE, esa unidad tendrá las atribuciones de darle el curso
correspondiente a las denuncias que sean depositadas ante la Junta Central
Electoral respecto a la comisión de posibles infracciones administrativas
electorales; coordinar los trabajos que realizan a nivel nacional cada una de
las comisiones operativas y los enlaces en las circunscripciones electorales
del exterior a que se refiere el presente reglamento; recabar las pruebas que
sean necesarias con ocasión de las infracciones administrativas electorales,
para someterlas a la consideración del pleno, a fin de que adopte la decisión
que corresponda y recomendar, mediante dictamen, la aplicación de todas las
medidas y sanciones que considere procedentes.
Además de elaborar y someter al
pleno los reglamentos e instructivos que sean necesarios para el adecuado
funcionamiento de la unidad, las comisiones operativas y los enlaces en las
circunscripciones electorales del exterior; ejecutar, en coordinación con la
Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil (EFEC), todos los
planes de capacitación y adiestramiento que sean necesarios a todo el personal
que labora en dicha unidad y el personal que sea necesario en otras áreas de
esta institución, las organizaciones políticas y sectores de la sociedad, según
las directrices trazadas por el Pleno; suscribir, previa aprobación del Pleno,
todos los acuerdos de colaboración interinstitucionales que sean necesarios con
los demás actores que inciden en el régimen sancionador electoral y llevar un
registro actualizado de todos los casos relativos a infracciones
administrativas electorales, sanciones y medidas cautelares.
Aparte de ello, el pleno podrá
asignarle cualquier otra atribución que fuere necesaria ejecutar para cumplir
con los fines y propósitos para los cuales ha sido creada.
La unidad estará bajo la
coordinación de los despachos de los miembros titulares del pleno con el enlace
correspondiente, la consultoría jurídica de la JCE, la dirección nacional de
elecciones, la dirección de inspectoría, la secretaría general del órgano
electoral, la dirección de informática, la dirección especializada de control
financiero de partidos, agrupaciones y movimientos políticos; la dirección
financiera, la dirección de seguridad civil, la dirección de seguridad militar,
dirección de partidos, agrupaciones y movimientos políticos; dirección del voto
dominicano en el exterior.
Recientemente el pleno actualizó ese borrador a la nueva ley electoral 20-23 y los partidos tendrán un plazo hasta el cuatro de mayo para que los partidos presenten sus posiciones sobre el mismo.
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