LEGISLATIVAS: Ley de Trata está en el Congreso para nuevas modificaciones
El Poder Ejecutivo
depositó nuevamente ante el Congreso Nacional un proyecto de modificación a la
Ley 137-07, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, en busca de
fortalecer el marco regulatorio y sancionador establecido para los culpables de
este tipo de delitos. Esta nueva versión reintroducida el pasado 19 de junio en
la Cámara de Diputados, pretende garantizar el encarcelamiento de quienes
trafiquen seres humanos, específicamente a niños, niñas y adolescentes.
Esta
iniciativa legislativa había sido presentada en diciembre de 2022 en el
Congreso.
Sin embargo, los
funcionarios del tren gubernamental se vieron obligados a retirarlo meses
después, luego de que el artículo 63, instruyera la permanencia irregular de
las víctimas de trata y tráfico ilícito en el país, generando una fuerte
controversia entre sectores importantes de la sociedad. Al igual que otros
factores como el cobro de una aporte obligatorio al presupuesto del Estado que
serían utilizados en la prevención y persecución de estos delitos.
Los cambios
De ser aprobadas en las
dos cámaras, solo modificaría el artículo 3 para establecer que se considera
pasible de ser penalizado por la ejecución de trata de persona, todo aquel que,
mediante “fuerza, coacción, rapto, fraude, abuso de poder” conceda o reciba
pagos para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad de
otra, con el objetivo de ejercer cualquier clase de explotación sexual, trabajo
o servicio forzado.
“El consentimiento
dado por la víctima a cualquier forma de explotación definida en este artículo
no constituirá causal de exoneración de la responsabilidad penal de la persona
que incurriera en este delito”, estas fueron las
oraciones que antes no estaban en el artículo.
Mientras que el párrafo
dictaría que, en los casos de criminales que incurran en la trata de infantes y
adolescentes, no será necesario “para su configuración” ninguno de los medios
antes mencionados.
“Cuando el delito
de trata de personas se cometa en perjuicio de niño, niña o adolescente, no
será necesario para su configuración que concurran ninguno de los medios
enunciados, esto es, el empleo de engaño, rapto, uso de la fuerza, coacción,
coerción, amenaza, abuso de poder, abuso de condiciones de vulnerabilidad,
concesión o receptación de pagos para recibir el consentimiento de una persona
que tenga autoridad sobre otra”, declara el párrafo.
Sobre la penalización, las penas no tienen variaciones, fijando una condena de
15 a 20 años de reclusión y una multa de 175 salarios mínimos para los
culpables.
Falta otra modificación
En una nota de prensa se
declara que continúan trabajando para una eventual revisión integral de la
norma, en un proceso de diálogo plural que permita el consenso social,
académico y político en torno a tan relevante tema.
El ministro de
Exteriores, Roberto Álvarez, dijo en julio de 2023 que el proyecto de ley, en
proceso de edificación por el Gobierno, sería dividido en dos partes. Un
particular concentrado en la aprobación de medidas que combatan el tráfico
ilegal de inmigrantes y otro que contemple sanciones contra la trata de
personas. El anteproyecto, que podrá ser estudiado durante esta legislatura,
hasta el próximo 26 de julio, debido a que es la fecha programada para su
culminación, está enfocado únicamente en los aspectos relacionados con la
protección de los menores de edad que sean víctima del secuestro y venta de
personas. Por lo que, partiendo de las expresiones del canciller dominicano,
aún falta un proyecto por ser entregado a los congresistas, direccionado en el
ataque a la inmigración ilegal dentro del territorio nacional. “Busca el
fortalecimiento de la norma en lo que respecta a la persecución de esta
manifestación delictiva que afecta a las niñas, niños y adolescentes de manera
desproporcionada, y que son persuadidos para ser sometidos a situaciones de
explotación sexual o humana, esclavitud y trabajos forzosos, acciones estas que
representan vulneraciones graves de los derechos humanos consagrados en nuestra
Constitución”, manifestó el gobernante Abinader en una carta dirigida al
presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.
Por: Ángel Valdez.
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