Ministerio público defiende acuerdos con 52 imputados
SANTO DOMINGO, RD. - Los
representantes del ministerio público reiteraron su compromiso de “perseguir
todos los delitos”, sin importar quienes los cometan.
Esa ratificación fue
hecha para defender los “acuerdos de culpabilidad” suscritos con abogados de 52
oficinas que defienden igual número de imputados en delitos y que han optado
por firmar acuerdos de su culpabilidad.
El ministerio público
garantizó que en ninguno de esos acuerdos han participado personas que estén en
su nómina.
Indicó que, desde 2020 el
ministerio público, que encabeza la procuradora general Miriam Germán Brito, ha
sido “extremadamente cuidadoso” y transparente con los acuerdos y en ningún
caso se ha aceptado intermediario alguno.
“Cada abogado que
ha firmado un acuerdo en representación de su asistido ha sido testigo de que
se le advierte que el documento debe sustentarse sobre la verdad, ser
voluntario y una actitud de cooperación frente a la contundencia de las
investigaciones”, indicó ayer en un comunicado de prensa.
El ministerio público
reconoce el derecho ciudadano de cuestionar las acciones de un órgano
constitucional, un ejercicio válido y necesario en un Estado de derecho.
DESHONESTO
Sin embargo, calificó de deshonesto y poco profesional cuestionar al
ministerio público, de manera deliberada y aviesamente, máxime cuando las
mentiras quedan evidenciadas con solo leer las acusaciones, acuerdos y demás
actuaciones procesales que ha depositado el ministerio público ante los
tribunales.
“Pretender que el ministerio público le atribuya a miembros del nivel
medio de una estructura criminal toda la responsabilidad cuando las evidencias
establecen de forma clara que la mayor parte de los recursos fue a parar a los
principales acusados que desempeñaban funciones de primer orden en el Estado,
es pedirle al órgano acusador que tome las decisiones más fáciles y que se sume
como cómplice a la impunidad frente a la corrupción de la que un sector
privilegiado estuvo disfrutado históricamente”, declaró.
Advirtió que por más campañas nacionales o internacionales que pongan en
marcha, por más lobistas o voces afines que contraten, el ministerio público no
se detendrá ni se dejará intimidar.
“Estas campañas tienen todas las características de no ser financiadas
con recursos de patrimonio lícito, lo que obliga al ministerio público a tomar
medidas cautelares para evitar que se sigan utilizando recursos para obstruir
los procesos”, refirió.
FÁBULAS
Consideró que se ha llegado al extremo de querer fabular respecto a una
persona contratada por el ministerio público a través de un proceso de
evaluación y reclutamiento agotado mediante una firma consultora externa de
gestión humana.
“Esa exempleada, que no labora hace meses en la institución, por demás
nunca tuvo nada que ver con las áreas de persecución”, aclara el comunicado de prensa.
También precisó que el
ministerio público no ha firmado ni un solo acuerdo con la oficina en la que
laboró la persona en cuestión antes, durante o después de ser contratada.
“De modo que, además de constituirse en delito tipificado y sancionado por la
Ley 53-07 esta fábula es deshonesta y nada profesional”, añadió.
Estimó que escudarse en
un micrófono para atribuir al ministerio público pactos con empresas con las
que no ha firmado ningún acuerdo y mezclar líneas de investigación de un caso
judicializado con otros en etapa de investigación, lo menos que evidencia es un
nulo esfuerzo profesional al informar a la ciudadanía y un gran interés en
mantenerse ajeno a comunicar de manera objetiva.
Recordó que los acuerdos
de culpabilidad se realizan en todas las materias, siempre amparados en la
normativa procesal penal.
Refirió, además, que la
Suprema Corte de Justicia, la comunidad jurídica y la cooperación jurídica
internacional han reclamado de manera permanente que se apliquen las soluciones
alternas al proceso penal, una práctica que no es novedosa en el sistema acusatorio.
“Sobre todo, en materia de criminalidad organizada, en la que suelen ser de
vital importancia para desmantelar las cabezas de las organizaciones
criminales”, agregó.
El órgano específico que
para comprobar la veracidad de esta aseveración es suficiente con ver los
acuerdos que se realizan en Italia desde los tiempos del juez Falcone, en
Colombia, Estados Unidos, Chile, Costa Rica y cientos de países que tienen un
sistema acusatorio.
“El ministerio
público no contrata opinadores para que mientan en su favor, ni manipula la
verdad por intereses particulares. Sus acusaciones son públicas en la etapa
procesal correspondiente y están disponibles en los tribunales para cualquier
ciudadano que las quiera leer”, expresa el documento de
prensa.
Adelantó que el
ministerio público procederá a subir todas las acusaciones y actos procesales a
su portal https://transparencia.pgr.gob.do para una mayor
edificación de la sociedad.
“Así, quien quiera
podrá determinar, con base a pruebas, quién miente, por ejemplo, atribuyendo
cantidades de dinero exorbitantes a imputados de nivel medio cuando quien hace
los alegatos públicos sabe que las pruebas demuestran que la mayor parte de esos
recursos engrosaban las cuentas bancarias de exfuncionarios públicos a los que
representa y que hoy pagan las campañas millonarias para atacar la acusación
con mentiras, en lugar de defenderse en los tribunales del arsenal de pruebas
depositadas por el ministerio público”, indicó.
Consideró que aplicar
soluciones alternas es una práctica propia de los sistemas acusatorios como el
dominicano.
Recordó también que la
normativa procesal penal dominicana tiene varios procedimientos especiales
enfocados en buscar soluciones alternas, entre los que destacan: procedimiento
penal abreviado pleno, parcial, conciliación mediación, criterio de oportunidad
para delitos ordinarios, criterios de oportunidad para delitos propios de
crimen organizado, suspensión condicional del procedimiento, entre otros.
“Sin sorpresa
hemos visto cómo algunos abogados atacan los criterios de oportunidad cuando se
otorgan en contra de testigos de sus clientes, pero han sido sus defensores
cuando lo solicitan para otros de sus clientes; es decir, que la misma figura
jurídica es buena o mala según les beneficie”,
manifestó.
El ministerio público reitera ante la población dominicana el compromiso de perseguir todos los delitos, sin importar quienes los cometan, como lo han venido haciendo y como lo comprueban los distintos procesos que han puesto en marcha, “porque así como la ley no distingue entre seres humanos, no lo puede hacer ni lo hará este ministerio público”.
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