Diputados apoyan aprobar leyes que ordenó Carta Magna de 2010
SANTO DOMINGO, RD. - Legisladores
recibieron de manera positiva el emplazamiento que realizó el Tribunal
Constitucional al Congreso Nacional para que en un plazo menor de dos años
apruebe leyes que aún están pendientes.
El TC llamó a los
congresistas a elaborar y favorecer los proyectos de ley que tienen estancados
más de una década, y algunos sin ser elaborados. Esas leyes son sobre mandatos
de los artículos 203, 210 y 272 de la Constitución dominicana, promulgada en 2010.
Los artículos se refieren
a aplicación de los mecanismos directos de participación local, en los que se
incluyen el plebiscito y referendo aprobatorio.
Ante esto, los voceros de
los bloques integrados por los principales partidos políticos de la Cámara de
Diputados reconocieron que la falta de estas y otras leyes es una deuda del
Poder Legislativo todavía por saldar a la sociedad dominicana.
Tal es el caso del
diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Luis Henríquez, quien
indicó que esto se debe a la falta de interés que tienen algunos legisladores
en garantizar la ejecución de las piezas pendientes.
“Más que dejadez,
ha sido falta de interés por los legisladores en hacer cumplir el mandato de la
Constitución”, señaló.
Sin embargo, Henríquez
aclaró que el Poder Ejecutivo también juega un papel importante, teniendo en
cuenta que no prioriza los proyectos de ley ordenados por la carta magna. Esto
a pesar de las iniciativas de otro tipo y solicitud de “préstamos” que depositan
en el Congreso.
“Tampoco el Poder
Ejecutivo se ha interesado en promover este tipo de proyectos. Porque si muy
bien tienen la voluntad política de someter proyectos que le interesan para
desarrollarlos, como el tema de los préstamos. Pues que a la Secretaría
Jurídica le den también esa asignación…”, indicó.
El representante de Santo
Domingo Este lamentó además que las labores de los legisladores se limiten, en
su mayoría, a depositar proyectos de resolución, para solicitar obras
gubernamentales, más que enfocarse en el cumplimiento de asuntos constitucionales.
“Nosotros los
legisladores que tenemos iniciativas de ley, no utilicemos mucho esa
prerrogativa más que para someter proyectos de resoluciones para que nos hagan
un puente...”, expresó Henríquez, destacando que este
tipo de acciones durante el ejercicio legislativo es una tradición de los
congresistas.
Mientras tanto, el
portavoz de la bancada de la Fuerza del Pueblo (FP), Tobías Crespo, consideró
prioritario que las sesiones en ambas cámaras del Congreso estén limitadas al
conocimiento de propuestas de ley, instruidos por la Constitución.
“Es más
prioritario que aprobemos las reservas de leyes que manda la Constitución de la
República para adecuar algunas leyes, otras son nuevas y algunas hay que
modificarlas… Es una prioridad que sigamos aprobando”,
dijo Crespo, quien ocupa una de las curules del Distrito Nacional.
Precisó que son decenas
las normativas que no han sido aprobadas después de más de una década de
promulgada la última modificación constitucional.
Entretanto, el
representante del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Julito Fulcar, entiende
que “en su momento” el Congreso deberá designar una comisión especial para
alcanzar la aprobación absoluta de estos documentos. Fulcar aseguró que esto
podrá garantizar el fortalecimiento del marco constitucional del país.
“El Congreso
constituirá una comisión de juristas para trabajar de manera intensiva, sin
pausa en la aprobación de estas leyes”, resaltó Fulcar, electo
por los ciudadanos de Peravia.
Esta sentencia fue
emitida en 20 de enero de 2021 por el TC, encabezado por el presidente
anterior, Milton Ray Guevara, en respuesta a una acción de inconstitucionalidad
interpuesta por la Fundación Evangélica de Socorro al Recluso.
Rafael Díaz Filpo, primer
sustituto; Lino Vásquez Samuel, segundo sustituto; Hermógenes Acosta de los
Santos, Alba Luisa Beard Marcos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Víctor Joaquín
Castellanos Pizano, Domingo Gil, Wilson S. Gómez Ramírez, Katia Miguelina Jiménez
Martínez y Miguel Valera Montero, fueron los demás jueces que emitieron la
sentencia.
Lo medios de comunicación
han calificado de inaceptable que a más de una década después de la
proclamación de la Constitución de 2010, el Congreso Nacional no termine de
aprobar las leyes que manda a sancionar esa Carta Magna.
“Este
incumplimiento no solo es inexplicable sino que también constituye un mal
ejemplo para el Estado de derecho en nuestro país. El TC, en su sentencia
TC/0113/21, ha declarado la inconstitucionalidad por omisión legislativa
absoluta del Congreso respecto a la emisión de leyes fundamentales para el
funcionamiento democrático de la nación”, expresan.
Plantea que esta
sentencia es vinculante e inapelable para el Congreso, un órgano de poder que,
paradójicamente, aprobó la propia Constitución que ahora desobedece.
Refiere que cste fallo no
solo subraya la negligencia legislativa sino también la afectación del derecho
de los ciudadanos a ser consultados en decisiones de gran envergadura nacional.
Entre esas leyes –destaca
el editorial- están las de referendo y plebiscito, cruciales para fortalecer la
democracia participativa en el país.
“Francamente
reclamamos a este poder del Estado que rectifique su curso y cumpla con las
disposiciones constitucionales sin más demora”,
indica.
Por: Ángel Valdez.
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